Los hechos que precipitaron la vacancia de Martín Vizcarra hace dos semanas son materia de diversas interpretaciones en la opinión pública y los medios. Entre ellas, existe una que ha generado bastante ruido y según la cual lo sucedido fue un golpe de Estado, derivado del uso inconstitucional del artículo 113 de la Carta Magna por parte de los 105 congresistas que votaron a favor de la controvertida iniciativa.

Como se sabe, en este Diario no compartimos esa lectura. Desde estas páginas dijimos en los días previos al pleno en el que la vacancia se materializó que, por serias que lucieran las acusaciones de corrupción que pesaban sobre el entonces mandatario, lo sensato era dejarlo terminar su mandato y avanzar mientras tanto con las investigaciones hasta donde fuera posible, para luego, a partir del 28 de julio del próximo año, tomar las determinaciones y acciones que hiciera falta. La situación del país, opinamos, no estaba como para forzar una crisis de esas dimensiones. Pero una mayoría de la representación nacional creyó que sí y cometió el despropósito de lanzarnos al caótico y trágico escenario que conocimos en los días posteriores.

No todo despropósito, sin embargo, supone violar la Constitución. El artículo que habla sobre la “incapacidad moral permanente” –con lo difuso que, para bien o para mal, ese concepto resulta– estaba en el texto constitucional cuando los parlamentarios decidieron echar mano de él y nos parece que, en esa medida, se respetaron los cauces institucionales. El gobierno encabezado por el congresista Manuel Merino perdió sin duda en los días subsiguientes la poca legitimidad de la que gozaba y tuvo que entregar las riendas del poder.

La tesis del golpe, no obstante, ha sido objeto en los últimos días de una vuelta de tuerca adicional. De acuerdo con la renovada teoría, la cadena de acontecimientos que condujeron a la vacancia de Vizcarra se habría originado en realidad en uno de los fiscales del equipo Lava Jato, que presionó a uno de los aspirantes a colaborador eficaz en algunos de los casos que tiene entre manos para que proporcionara “algo contra el presidente”. Con esa información de dudosa veracidad, el fiscal en cuestión habría alimentado a sectores de la prensa que le serían afines, y los titulares derivados de ello habrían provisto a la mayoría congresal de los argumentos que necesitaba para proceder con el plan de vacancia que ya tenía.

Muy imaginativo. Pero, en su alambique, la teoría pierde de vista un asunto clave. A saber, ¿por qué un equipo de fiscales que ha mostrado ser independiente habría desarrollado de pronto un afán oscuro por traerse abajo a Martín Vizcarra?

¿Acaso no resulta más verosímil que las acusaciones contra el señor Vizcarra simplemente hayan surgido en el testimonio de los aspirantes a colaboradores eficaces (porque más de uno ha mencionado los supuestos casos de corrupción) y que, en consecuencia, los representantes del Ministerio Público hayan decidido ir adelante con su trabajo de la misma manera en que lo han hecho a propósito de los otros investigados?

No se debe menospreciar o pasar por agua tibia aquello que la fiscalía ha logrado recabar de cinco aspirantes a colaboradores eficaces contra el expresidente. No solo se ha extendido el dedo acusador, también se han discutido montos, métodos de pago y hasta conversaciones que ponen en aprietos al exmandatario. El solo hecho de que los potenciales delatores cursen sus propios trances legales no basta para descartar lo que revelan. Si fuese así, muchas pesquisas, como las que involucran a otros políticos, se vendrían abajo.

Atribuido a un fraile franciscano que se dedicó a la lógica escolástica en la Europa del siglo XIV, el principio de “la navaja de Ockham” postula que, en igualdad de condiciones, la más simple de las soluciones a un determinado problema suele ser la correcta. ¿No sería acaso pertinente recordar la vigencia de ese principio en medio de las disputas sobre lo ocurrido con la vacancia? Y pertinente también preguntarse a qué apuntan quienes reparten estas teorías, particularmente en cuanto a la permanencia del equipo especial Lava Jato.

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