Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Bolivia declararon este miércoles estar “desconcertadas” por la detención en la víspera de un general que ordenó un fiscal que investiga la violencia política suscitada en noviembre de 2019 en el pueblo de Sacaba.

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“Lo sucedido el día de ayer (martes) para las Fuerzas Armadas fue desconcertante. Nosotros estamos cumpliendo órdenes de resguardar y proteger constantemente el bien común que es de todos los bolivianos”, afirmó en una declaración de prensa el máximo jefe de los militares, general Jaime Zabala.

“Las Fuerzas Armadas no actuamos de forma arbitraria, cumplimos acciones de mando dispuestas por el capitán general de las Fuerzas Armadas”, que de acuerdo a la Carta Magna es el presidente del país y que entonces era la derechista Jeanine Áñez, dijo Zabala

Las FF.AA. se pronunciaron de manera inusual tras la detención el martes en la ciudad de Cochabamba, centro del país, del general de la Fuerza Aérea Boliviana Alfredo Cuéllar.

Un fiscal ordenó a la policía su aprehensión vinculada a la investigación que se realiza por los enfrentamientos registrados en Sacaba en noviembre del año pasado tras la renuncia del presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019).

El militar de rango cumplía funciones de jefe de una guarnición militar de Cochabamba, donde se encuentra Sacaba, escenario de violentos enfrentamientos con campesinos cocaleros.

En Sacaba los militares interceptaron a los labriegos cuando éstos pretendían ir a la ciudad de Cochabamba, situada a unos 18 km. Una primera investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que la violencia dejó nueve civiles muertos.

El general Cuéllar es el primer militar de rango detenido tras la llegada a principios de octubre pasado del mandatario Luis Arce, delfín político de Morales.

“Estamos seguros que las acciones de los mandos militares se enmarcaron en las leyes, decretos supremos y reglamentos en actual vigencia”, dijo el comandante Zabala.

Agregó que estarán atentos al curso de las investigaciones.

Los graves incidentes de 2019 arrancaron tras las elecciones generales del 20 de octubre, en medio de denuncias de la oposición sobre un supuesto fraude del entonces mandatario Evo Morales para mantenerse en el poder hasta 2025.

Una primera investigación de la CIDH, que desplazó esta semana una nueva comisión al país, estableció que entre octubre y noviembre se registraron unos 35 muertos.

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