El presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, ha señalado que su gabinete está evaluando cómo permitir la devolución de los aportes a los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), para el cual considerarán la fórmula menos complicada, menos cara y menos onerosa para el Estado.

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Esto, aun cuando diversas calificadoras de riesgos internacionales, como JP Morgan y Moody’s, observaron que Manuel Merino asumiera la presidencia al considerar que se pierde el contrapeso de poderes en el país para hacerle frente a normas que ponen en peligro la solidez de la caja fiscal.

Una de las que señalaron precisamente es el proyecto legislativo sobre la ONP, que plantea la devolución del 100% de los aportes a los afiliados, cuando el esquema no contempla capitalizaciones individuales. Este, incluso, había sido observado en la gestión de Martín Vizcarra y hoy está por agendarse en el Pleno para debatir su aprobación por insistencia.

El impacto económico de la devolución total de estos aportes ha sido estimada en más de S/15.000 millones, equivalente al 3% del PBI a junio de este año.

LLAMADOS DE ATENCIÓN

Ante la incertidumbre generada en los mercados financieros (el tipo de cambio rompió tres veces su récord de cotización más alta esta semana), Adrián Armas, gerente de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), indicó que uno de los temas que le causa preocupación al exterior es la promulgación de medidas como la devolución de aportes de la ONP.

Armas apuntó que sobre esta propuesta el BCR “ha dado su opinión técnica de los claros inconvenientes” que generará a la caja fiscal y que, en su lugar, sí han mostrado su conformidad con brindar pensiones proporcionales a aquellas personas en edad de jubilación que no alcanzaron los 20 años de aportes fijados como requisito para recibir una pensión.

“El BCR ha manifestado [que se requieren] reformar necesarias, pero el paquete completo de transferencias masivas de todos los aportes implica un costo fiscal importante que genera nerviosismo natural en los mercados”, indicó.

“En cuanto se aclare este tema, ese nerviosismo de los mercados financieros debería reducirse”, agregó.

Jorge Guillén, profesor asociado de ESAN, y Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), consideraron que a partir del anuncio de Flores-Aráoz próximamente se promulgaría una norma relacionada a los aportes de la ONP, pese a las advertencias.

Castellanos señaló que, si bien existe una diferencia considerable entre la propuesta inicial y, por ejemplo, contemplar la entrega de 1 UIT, en ambos escenarios se afecta la percepción que se tiene sobre el manejo de las finanzas en el país.

“Cualquier opción que se aplique originará que las cuentas fiscales se deterioren y que las calificadoras nos miren cada vez con más recelo. Se afecta el rating crediticio”, indicó Castellanos.

Guillén señaló que la dificultad de este proyecto yace en que no existen las cuentas individuales y que calza en un contexto en el que el déficit fiscal ya es significativo, debido a la entrega de los bonos.

“Ahora el gobierno actual tiene carta verde [para impulsar la devolución del 100% de los aportes de la ONP] y el Premier parece que tiene ese punto de vista. El efecto sobre el exterior responde a que son medidas bastante populistas. No se sabe cuántas más van a llegar en los ocho meses de gestión que les falta”, anotó Guillén.

Aun así, Castellanos remarcó que lo ideal es que el Ejecutivo recurra hasta el Tribunal Constitucional (TC) con esta norma, pues el Congreso no tiene iniciativa de gasto y este proyecto sí lo contempla.

“Lo que debería pasar es que la norma de la ONP termine en el TC, salvo que puedan negociar y contemplar como monto una UIT o menos”, refirió el profesor de la UP.

RETIRO DE LA AFP

Flores-Aráoz también indicó que este viernes 13 el Poder Ejecutivo daría a conocer su posición sobre el retiro facultativo de hasta 4 UIT (S/ 17,200) de los fondos de las administradoras privadas de pensiones (AFP) aprobado por el Congreso de la República. Al cierre de esta nota no se tenían noticias al respecto.

Guillén indicó que esta norma desnaturaliza el fin previsional de estos fondos, mientras que Castellanos apuntó que se está generando un incentivo perverso en la población.

“Además de que se desincentiva la inversión privada, las AFP van a tener que vender activos en un momento inapropiado para conseguir liquidez, lo que impacta en la rentabilidad de los fondos de todos los afiliados. Creo que se tendría que conciliar sobre este tema. Ahora, de otro lado, también se tiene la creación del Organismo Público de Pensiones, pero ocurre que un tema de más de 20 años quieren solucionarlo en ocho meses”, anotó Guillén.

Castellanos, a su turno, también consideró que esta norma es populista, pues el monto contemplado (hasta S/17.200) no responde a atender una emergencia, y que genera perjuicios en el largo plazo.

“El principal perjuicio con este tema de las pensiones es que nos estamos comiendo el pan de hoy y se tendrá hambre mañana, en la jubilación. No se tendrán los fondos suficientes para tener una pensión digna y el problema al final del día se traslada al Estado. Acá hay un trasfondo político. Si se buscara atender una emergencia se hablaría de 1 UIT (S/4.300)”, anotó.

BASES PARA LICITACIÓN DE AFILIADOS DEL SPP

Este viernes 13, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó las bases y el cronograma de la quinta licitación del servicio de administración de las cuentas individuales de capitalización (CIC) de los trabajadores que se incorporen al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Así, la AFP ganadora asumirá la afiliación de los trabajadores que se incorporen por primera vez al SPP desde el 1 de junio del 2021 hasta el 31 de mayo del 2023.

Al respecto, Armas del BCR dijo esperar que en esta quinta licitación siga reflejándose la competencia que se genera entre las AFP y termina beneficiando a los afiliados con la tendencia decreciente de las comisiones que se cobra.

Sin embargo, Guillén indicó que las licitaciones no generan el efecto deseado, pues las reducciones de las comisiones no son significativas. Por ello, indicó que se debería evaluar la opción de poner bandas de precios o de comisiones para intentar forzar reducciones considerables.

En la misma línea, Castellanos anotó que una de las pocas formas para concretar la reducción de comisiones es “abrir la cancha a varios tipos de productos de jubilación”.

“Los bancos, las compañías de seguro, entre otros, también pueden ofrecer productos para que se jubilen las personas y no depender solamente de cuatro AFP. Esta es la única forma de generarle competencia. También puede considerar las AFP del exterior”, señaló.

Aun así, remarcó que el problema general sobre las pensiones dignas responde a la alta informalidad que hay en el mercado laboral, lo que también impacta en que los sueldos sean bajos.

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