Hoy el congresista Francisco Sagasti asumirá la presidencia de la República y, de esta manera, se convertirá en el presidente de la transición. La mejor forma de demostrar que esto no será un borrón y cuenta nueva de los trágicos hechos de la semana pasada, sobre todo las muertes de los dos jóvenes Bryan Pintado y Inti Sotelo producto de una brutal represión policial, será asegurar que en su gobierno no habrá impunidad de lo ocurrido. Es decir, que desde su posición impulsará una investigación seria y célere sobre la cadena de mando respecto a la actuación de la policía: ¿quién dio la orden para que se comporten de esta manera? ¿quién lo toleró?

Evidentemente, las responsabilidades no solo pasan por el comando general de la policía y los efectivos que ejecutaron en campo el operativo sino también a un nivel más político. Por esa razón, la Fiscalía de la Nación abrió ayer una investigación contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones graves y desaparición forzada. En otras palabras, cargos que configuran graves violaciones a los derechos humanos, los cuales no prescriben.

¿Qué puede hacer Sagasti frente esto? Para empezar, abrir las puertas tanto de Palacio de Gobierno, PCM y del Ministerio del Interior a la fiscalía y de esta forma facilitar las investigaciones, que implica, entre otras cosas, la custodia rápida de la evidencia (correos electrónicos, celulares, documentos, planes operativos, etc). Mientras más tiempo pasa sin que se tome acción, será más complicado delimitar las responsabilidades que permitieron este trágico desenlace. La muerte de estos dos jóvenes no merecen el olvido.

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