La semana pasada fue una de las más alborotadas para la política peruana en lo que va del siglo. Y en un país que ha tenido cuatro procesos de vacancia y un cierre del Congreso en el último quinquenio, eso es decir bastante. Así, el lunes el Legislativo despidió al jefe del Ejecutivo, el martes se estrenó nuevo mandatario, el miércoles primer ministro y el jueves Gabinete. ¿Y la institucionalidad? Ahora no, joven.

Con ello, las paredes que separaban estos dos poderes del Estado han sido dinamitadas. Y quien encabezaba el Parlamento más irresponsable del que se tiene memoria, viste ahora la banda presidencial. ¿Qué significa eso? Entre tantas otras cosas, que Manuel Merino puede decidir en qué se gastará el presupuesto público y que aquellos que votaron para ponerlo en ese puesto posiblemente se lo recuerden muy pronto.

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Si se toma en cuenta que en los pocos meses que Merino estuvo al mando del Congreso este suspendió unilateralmente el cobro de peajes en todas las rutas a nivel nacional (medida frenada por el Tribunal Constitucional), aprobó el ascenso automático del personal de salud (con un costo de S/2.400 millones para las arcas públicas) y buscó la reincorporación de 14.000 docentes que no habían aprobado las evaluaciones del Ministerio de Educación (dando finalmente un paso atrás debido a los reclamos ciudadanos), el asunto puede ser bastante grave. Más todavía si se considera la obstinación del Parlamento en ‘devolver’ dinero que no existe a los aportantes y exaportantes a la ONP (con un costo de más de S/15.000 millones a las arcas públicas).

Pero esto no se trata únicamente de ignorar la Constitución y hacer aparecer cerca de tres puntos del PBI o más de 8% del presupuesto público del 2021 para dárselo a los afiliados activos e inactivos de la ONP (algo para lo que Merino considera se tendrá que “hallar la fórmula” una vez que el Congreso apruebe la norma por insistencia). Entre las miles de cosas que quedaron pendientes con la vacancia presidencial, el Congreso también debe remitir al presidente la autógrafa de la Ley de Presupuesto para el próximo año, a más tardar el 30 de este mes.

Como se sabe, cada año el Ejecutivo envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto para que sea revisado. Esto, lamentablemente, trae consigo una negociación nada transparente en la que congresistas que no tienen capacidad de gasto buscan incorporar proyectos de inversión a la propuesta del Ejecutivo. En ese tira y afloja, solo entre el 2016 y 2019 se lograron incluir 974 proyectos por más de S/2.000 millones a los respectivos proyectos de ley.

La práctica se ha hecho común año a año. Incluso se le conoce como el “bolsón congresal” y se logra sin tener que alterar el monto final propuesto desde Palacio de Gobierno, solo modificando sus prioridades.

Esta vez, sin embargo, se necesita estar más atentos que nunca a cualquier exceso de un Ejecutivo que llegó al gobierno sin mayor legitimidad y de los parlamentarios que apoyaron que esto ocurra (muchos con intereses subalternos). Afortunadamente, la exministra María Antonieta Alva hizo público en su último día en el cargo un listado con las 532 obras que el Parlamento busca incluir en el presupuesto del próximo año por un valor superior a los S/5.000 millones.

La lista incluye iniciativas que van desde asfaltado de calles a remodelaciones de plazas de armas. Como señaló un informe publicado por este Diario la semana pasada, por ejemplo, el costo total de las 116 obras solicitadas en Lambayeque (S/954 millones) es mayor que todo lo que pudo ejecutar esa región en proyectos en el 2019 (S/657,7 millones).

Esto no quiere decir, por supuesto, que todos esos proyectos serán llevados a cabo o que terminarán incluidos en la norma. Existen limitaciones institucionales que ponen barreras para que lleguen al papel (para empezar, 62 de esos proyectos no cumplen siquiera con los criterios técnicos que se necesitan para ser aprobados).

Lo que la lista sí deja claro son los intereses particulares de inversión que tienen los congresistas en cada región. Y por primera vez permitirá ver qué tanto cede el Ejecutivo a las presiones del Legislativo al momento de publicar la Ley de Presupuesto para el 2021.

Ahora que algunas de las paredes que protegían la separación de poderes en el Estado parecen haber desaparecido, es nuestra responsabilidad como ciudadanos cuidar que ni el Ejecutivo ni el Legislativo se metan en propiedad ajena. La ley de presupuesto que se verá en las próximas dos semanas es una excelente oportunidad para hacerlo.

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Por admin