La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, presentó su ponencia sobre la demanda competencial que interpuso el gobierno del expresidente Martín Vizcarra por el uso de la “incapacidad moral” como mecanismo de un primer pedido de vacancia presidencial. En esta, propone declarar “fundado el recurso, según revelaron fuentes de El Comercio.

Sin embargo, aclararon, en el documento no se dispone el retorno del expresidente Martín Vizcarra al gobierno. Así lo señalaron diversas fuentes del Pleno del TC quienes indicaron que sobre ese aspecto se declara “improcedente”.

Además, las fuentes indicaron que el documento se plantea elevar de 87 a 104 los votos necesarios para que se declare la vacancia presidencial por incapacidad moral.

Como se recuerda, la demanda se interpuso ante la moción que se presentó luego de la difusión de audios relacionados a la contratación del cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura. El 20 de setiembre, el pleno rechazó la moción.

Al mediodía de hoy, los magistrados se reunirán para analizar si adelantan y escuchan a las partes implicadas en la demanda, o solo estudian los documentos y entran al debate directo para la votación.

Los tribunos, por mayoría, decidieron que el miércoles 18 se desarrolle una audiencia pública -tal como se tenía previsto- en la que participará la defensa del Congreso, del Ejecutivo y los amicus curie (o amigos de la corte). Culminada esta, inmediatamente ingresarán al debate del caso y deliberación.

En sesión de esta tarde, votaron en contra de adelantar la sesión los magistrados Ernesto Blume, Manuel Miranda, José Luis Sardón y Augusto Ferrero (vicepresidente del TC).

A favor de adelantar: Marianella Ledesma (presidente del TC), Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.

Como ha venido realizando el TC, esta deliberación tendría que ser pública. No obstante, fuentes consultadas por El Comercio informaron que solo tres magistrados están de acuerdo con dicho procedimiento: Marianella Ledesma (presidenta del TC) quien -según las fuentes- les ha dicho a sus colegas que la población tiene derecho a conocer los argumentos desde ya. Con ella han coincidido los magistrados Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.

Sin embargo, esto no podría ser posible ya que los magistrados Ernesto Blume, Manuel Miranda, Luis Sardón y Augusto Ferrero, estarían en desacuerdo con ello.

-Los escenarios hasta el momento-

Pero la publicidad del debate y votación es solo lo primero que se deberá resolver. El tema de fondo será la decisión que se adopte sobre la resolución de la demanda. “Se dará una lucha a brazo partido”, indicaron las fuentes.

Una resolución unánime del pedido ha sido descartada por otra fuente del Tribunal Constitucional, que indicó que los magistrados ya han venido analizando los argumentos del Ejecutivo y del Parlamento.

Y es que, hasta esta hora, el amparo de la demanda no contaba con los votos necesarios para ser declarada “fundada”.

Los escenarios encaminados hasta el momento dentro el TC prevén diversos escenarios y aspectos. El primero, que solo existen tres votos por declarar “fundada” la demanda. Estos provienen de los magistrados Ledesma, Ramos y Espinosa-Saldaña.

Y por improcedente y sustracción de la materia los magistrados Ernesto Blume, Manuel Miranda, José Luis Sardón y Augusto Ferrero.

Definir incapacidad moral cualquiera sea el pronunciamiento es apoyado por Ledesma, Miranda, Ramos y Espinoza.

-Nuevo pedido del Ejecutivo-

Esta mañana, el procurador del Ejecutivo Luis Alberto Huerta Guerrero, presentó un escrito en el que solicitó que se pronuncie también sobre el segundo procedimiento de vacancia por incapacidad moral que se realizó en el Congreso de la República el 9 de noviembre pasado; y que tuvo como efecto la salida de Martín Vizcarra de la presidencia.

En el escrito, el defensor del Estado reiteró que la demanda tiene por objeto garantizar la competencia del Poder Ejecutivo elegido en el año 2016 para llevar a cabo, durante cinco años, su política general de gobierno para el que fue elegido.

Huerta Guerrero recalcó en su escrito los fundamentos de la demanda interpuesta en setiembre, en el que indican que esta, “no tiene por objeto establecer argumentos del (ex) presidente de la República con relación a los hechos e imputaciones contenidas en la moción de orden del día 12090”.

Lo que se busca con este petitorio constitucional, explicó el procurador, es para que se garantice el ejercicio de las competencias que la Constitución Política de 1993 le otorga al Poder Ejecutivo durante los cinco años para los que fue elegido.

El documento, deberá darse cuenta ante el Pleno del TC para ser analizado y determinar si es admitido o no.

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